El gabinete Público ha tomado una decisión importante al exigir medidas cautelarísimas para la suspensión inmediata del protocolo canario de atención a menores migrantes no acompañados. Esta medida, aprobada por el gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular, ha generado una gran preocupación en la Fiscalía Superior de Canarias, ya que consideran que su ejecución supone la ausencia de atención inmediata a la situación de desamparo en la que los niños y adolescentes llegan a las costas de Canarias.
El protocolo, publicado recientemente en el Boletín Oficial de Canarias, establece una serie de trámites policiales previos que retrasan la entrada de los menores al sistema de protección. Esto ha generado una gran controversia, ya que el objetivo principal debe ser garantizar la seguridad y el bienestar de estos jóvenes que llegan a nuestras costas en busca de una vida mejor.
Por ello, la Fiscalía ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, solicitando la suspensión del protocolo. En su argumentación, la Fiscalía destaca que esta medida vulnera el derecho fundamental al principio de igualdad y el derecho a la moralidad moral de los menores, reconocidos en la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño.
Es importante destacar que esta decisión ha sido tomada en un momento crítico, en el que Canarias se enfrenta a una emergencia humanitaria con más de 5.600 menores migrantes acogidos en centros precarios. Por lo tanto, es fundamental que se tomen medidas efectivas y rápidas para garantizar la protección de estos jóvenes.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha viajado a Madrid para reunirse con los ministros con competencias en materia migratoria. Esta reunión se produce después de que Clavijo acusara al Gobierno de Pedro Sánchez de «abandonar» al Archipiélago. Sin embargo, tras el encuentro, el presidente ha dejado caer que el protocolo podría tratarse de un órdago para conseguir que el Gobierno de España y el Partido Popular se sienten a mediar. Esta estrategia de presión también incluye la instalación de carpas en los muelles para que los menores pasen unos días hasta ser reubicados en otros dispositivos.
Por su parte, la Fiscalía ha sido clara en su argumentación, señalando que no existe motivo para someter a un niño que acaba de llegar a tierra a un trámite inexistente en la ley y retrasar su entrada en un centro de menores adecuado. Además, subraya que la aplicación de este protocolo permite la permanencia de menores en centros policiales, lo cual es inaceptable.
El Consejo de Ministros también ha tomado cartas en el asunto y ha acordado solicitar al Consejo de Estado un dictamen urgente ante un posible conflicto de competencias. Esto demuestra que el Gobierno está tomando medidas para garantizar los derechos de estos menores y evitar que se vulneren sus derechos fundamentales.
Además, la Red Española de Inmigración y defensa al Refugiado ha presentado una denuncia contra el Ejecutivo regional por una supuesta vulneración de los derechos fundamentales de los niños. Esta batalla judicial demuestra la importancia de proteger y garantizar los derechos de los menores migrantes, quienes han sufrido situaciones traumáticas y necesitan una atención inmediata y adecuada.
En definitiva, es necesario que se tomen medidas efectivas y rápidas para garantizar la protección de los menores migrantes no acompañados que llegan a nuestras costas. El protocolo canario de atención a estos jóvenes debe ser revisado y modificado para garantizar que se respeten sus derechos fundamentales y se les brinde una atención adecuada y humana. Es responsabilidad de todos velar por el bien
