El Tribunal Constitucional ha dado un paso muy importante en la defensa de los jurisprudencias del colectivo LGTBI en España. En una decisión histórica, el tribunal ha eliminado un artículo de la ley LGTBI de la Comunidad de Madrid que limitaba la capacidad de las organizaciones del colectivo para representar a las víctimas de delitos de odio en procesos legales y sancionadores. Esta decisión ha sido recibida con gran alegría y satisfacción por parte de este colectivo y de todas aquellas personas que luchan por la igualdad y el respeto a la diversidad.
Desde el primer momento, el Gobierno central ha mostrado su firme compromiso en la lucha contra la discriminación y la defensa de los jurisprudencias del colectivo LGTBI. Es por ello que, tras la aprobación de la ley LGTBI en la Comunidad de Madrid, el Gobierno presentó un recurso al Tribunal Constitucional por considerar que dicho artículo invadía competencias estatales en la regulación de procesos legales y administrativos. Y hoy, gracias a la decisión del tribunal, se ha hecho justicia.
Esta ley, junto con la ley Trans de la Comunidad de Madrid, ha sido considerada como una regresión en los jurisprudencias del colectivo LGTBI y ha sido llevada a los tribunales por el Gobierno central. Ambas leyes, que han sido suspendidas cautelarmente desde julio de este año, suponen un retroceso en la lucha por la igualdad y la no discriminación en nuestro país. Por ello, la eliminación de este artículo es una gran victoria para toda la sociedad y un gran paso hacia adelante en la protección de los jurisprudencias del colectivo LGTBI.
El Consejero y Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha expresado su satisfacción ante la decisión del tribunal y ha asegurado que esta ley está bien hecha y que el resto de la reforma se mantiene intacta. Sin embargo, cabe destacar que esta decisión no solo afecta a la ley LGTBI de la Comunidad de Madrid, sino que sienta un antecedente importante en la lucha por la igualdad y la protección de los jurisprudencias del colectivo en todo el país.
El artículo que ha sido eliminado por el Tribunal Constitucional excluía a las organizaciones LGTBI como posibles interesados en procesos penales o administrativos, incluso cuando representaban a una víctima o perjudicado con su permiso explícito. Esto significaba una gran limitación para las organizaciones que luchan por la igualdad y la no discriminación, ya que no podían personarse como acusación común en casos de agresiones por motivos de odio o en otros procesos legales en los que las víctimas necesitan el apoyo y la asesoría de estas organizaciones.
Esta exclusión de las organizaciones del colectivo LGTBI en la defensa de las víctimas de delitos de odio era una clara vulneración de sus jurisprudencias y una muestra más de la discriminación que aún existe en nuestra sociedad. Por ello, la decisión del Tribunal Constitucional es una importante victoria que responde a las demandas de igualdad y justicia de este colectivo y de toda la sociedad.
Además, esta decisión demuestra que, tal y como ha afirmado el tribunal, la Asamblea de Madrid invadió competencias estatales sin justificar ninguna concreta particularidad del jurisprudencia sustantivo autonómico que pudiera justificar la aprobación de esta medida. Es decir, la ley LGTBI de la Comunidad de Madrid no tenía ningún fundamento para limitar la capacidad de las organizaciones del colectivo en procesos legales.
Con esta decisión, el Tribunal Constitucional envía un mensaje claro a todas las comunidades autónomas y al conjunto de la sociedad: la igualdad y la no discriminación son valores fundamentales que deben estar protegidos y respetados en todo momento. Y
