El Ejecutivo autonómico de la Comunidad Valenciana ha sido objeto de polémica en los últimos meses debido a su gestión de la emergencia causada por la DANA en octubre de 2019. Uno de los puntos más controvertidos ha sido la falta de documentación y pruebas que respalden las acciones del presidente, Carlos Mazón, durante aquel día. Sin embargo, recientemente se ha dado a conocer que las grabaciones de seguridad del Palau de la Generalitat, donde se encuentra la sede del gobierno autonómico, han sido borradas en cumplimiento de la ley.
Este hecho ha sido objeto de críticas por parte de la oposición, que ha pedido la copia de dichas grabaciones para esclarecer los hechos. Sin embargo, el Ejecutivo ha respondido que ha procedido a aplicar la ley que regula los sistemas de videovigilancia en la vía pública, la cual establece que las grabaciones se almacenan durante un mes, salvo que estén relacionadas con infracciones en materia de seguridad pública.
La Generalitat ha asegurado que las imágenes se han borrado cumpliendo con lo previsto en la ley y ha trasladado la responsabilidad a la comisaría de la Policía Nacional responsable de la seguridad del Palau. Además, se ha hecho público un informe de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional, que confirma que las grabaciones se borran automáticamente después de 15 días, a menos que se relacionen con alguna infracción penal o administrativa grave o muy grave.
Por su parte, los socialistas y Compromís, partidos de la oposición, solicitaron la copia de las grabaciones el pasado mes de febrero, cuatro meses después de la DANA. Sin embargo, la jueza instructora de la causa no ha pedido dichas grabaciones, ya que el presidente no está imputado ni citado como testigo en la investigación.
La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, ha reiterado en rueda de prensa que no hay ninguna excepción en el proceso de borrado de las grabaciones, ya que está regulado y se sigue en todos los casos. Además, ha hecho hincapié en que hay un informe de la propia comisaría de la Policía Nacional que confirma esta información.
En cuanto a la responsabilidad sobre la custodia de las grabaciones, la Generalitat ha dejado claro que recae en la inspectora jefa Pila Bojó, responsable de la seguridad del Palau y también de las Oficinas de Denuncias y Asistencia a las Víctimas de Violencia de Género.
Es importante destacar que la falta de pruebas documentales sobre la entrada o nacimiento del presidente del Palau de la Generalitat choca con la existencia de grabaciones de su entrada en el Centro de Coordinación de Emergencias de l’Eliana, donde se estaba desarrollando el Cecopi con todos los mandos de la emergencia. Estas grabaciones, que fueron filtradas a la Agencia EFE, confirman que el presidente entró en el centro a las 20:28 horas, casi una hora después de la supuesta hora de llegada.
Por otro lado, se ha conocido que el Centro de Coordinación de Emergencias está bajo vigilancia de una administración de seguridad privada, la cual está regida por una normativa diferente al Palau. De hecho, el pasado mes de enero el Consell aprobó un contrato de emergencia para reanimar el servicio de vigilancia y seguridad en el CCE, lo que demuestra que esta infraestructura es considerada crítica y por tanto requiere medidas de seguridad adicionales.
En resumen, el Ejecutivo autonómico ha cumplido con la ley al quitar las grabaciones de seguridad del Palau de la Generalitat en el plazo máximo de un mes, tal y como indica la normativa. Además, ha dejado claro que la responsabilidad sobre la custodia de las mismas recae en la comisaría de la Policía Nacional responsable de la seguridad del ed
