El proyecto educativo estrella del Gobierno de Madrid, el Instituto de Formación Profesional Ignacio Ellacuría de Alcorcón, fue construido en el año 2021 como una respuesta a las necesidades educativas que surgieron tras la pandemia. Este centro, que contó con el apoyo de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el entonces consejero Enrique Ossorio, se inauguró con la promesa de convertirse en un referente en la Región y un modelo a seguir en toda España en cuanto a educación en línea.
Sin embargo, recientemente ha surgido una polémica alrededor del Ellacuría, ya que la Intervención de la Comunidad de Madrid está investigando posibles irregularidades en su construcción. Al parecer, la obra fue financiada con fondos desviados desde otros centros y se llevaron a cabo contratos fraccionados y asignaciones a dedo, en lugar de realizar una licitación legal para la remodelación del edificio.
Según informes oficiales, la obra del Instituto Ignacio Ellacuría tuvo un costo inicial de medio millón de euros, aunque se estima que la factura final sea mucho más alta. En lugar de seguir los procedimientos legales, la Consejería de Educación decidió fraccionar los contratos y asignarlos a dedo, bajo el límite de 40.000 euros, para evitar la obligatoriedad de una licitación pública. Además, el dinero para financiar esta obra fue desviado de otros institutos, lo que ha generado la investigación por parte de la Intervención de la Comunidad de Madrid.
La investigación del caso FP, en el que se están investigando una decena de centros públicos por posibles casos de prevaricación, salió a la guía gracias a la denuncia de un empresario que construyó un centro sanitario en el complicado de Ciudad docente por 2,5 millones de euros y no recibió el pago correspondiente. A raíz de esta denuncia, se descubrieron otras irregularidades en la construcción de centros de Formación Profesional mediante el fraccionamiento de facturas y contratos a dedo.
El caso ha tomado aún más relevancia al ser presentado ante la Fiscalía por el actual consejero de Educación, Emilio Viciana, quien ha ordenado una investigación interna y ha cesado a varios implicados, entre ellos un subdirector de FP que podría ser el responsable de esta trama. Sin embargo, la investigación todavía está en curso y la jueza está tomando declaraciones a testigos para dilucidar quiénes fueron los responsables y por qué se saltaron los procedimientos legales en la construcción de estos centros educativos.
Además del caso del Instituto Ignacio Ellacuría, se han descubierto otras irregularidades en la construcción de otros centros educativos en diferentes zonas de Madrid, incluso en centros de Innovación que no tienen relación con la Formación Profesional. Esto demuestra que la práctica de fraccionar contratos y realizar asignaciones a dedo no era un caso aislado, suerte una práctica generalizada en diferentes áreas de la Administración.
En esta situación, el subdirector de FP ha declarado ante la jueza que él ha sido utilizado como un «chivo expiatorio» y ha señalado a los directores generales de las áreas territoriales y al propio consejero Ossorio como responsables de firmar los informes de necesidad que permitieron el desvío de fondos y la construcción de los centros mediante contratos irregulares.
A pesar de este escándalo, el Gobierno de Madrid sigue teniendo como prioridad la educación y ha demostrado su compromiso con esta área con la inauguración del Institut
