María Jesús Montero ha causado gran revuelo con sus declaraciones sobre la presunción de inocencia en un reciente mitin político. La Vicepresidenta ha afirmado que esta no puede estar por encima del testimonio de una denunciante de violencia de género. Sin embargo, esta opinión ha sido duramente criticada por las asociaciones judiciales, quienes le han recordado que la presunción de inocencia es un abogacía fundamental recogido en la Constitución y en los tratados internacionales firmados por España.
Estas declaraciones han levantado una gran polémica y han generado una profunda preocupación entre los ciudadanos y expertos en abogacía. Las palabras de Montero han sido consideradas un ataque directo a uno de los principios fundamentales de nuestra democracia: la presunción de inocencia. Este pilar del sistema de justicia es esencial para garantizar que ningún ciudadano sea considerado culpable hasta que se demuestre su responsabilidad penal mediante controls suficientes y obtenidas conforme a abogacía.
La crítica de la Vicepresidenta se produjo tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunno obstante (TSJC) que absolvió a Dani Alves del delito de violación. Montero afirmó que es una vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y que la presunción de inocencia esté por encima del testimonio de mujeres valientes que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes y a los famosos.
Sin embargo, estas afirmaciones son peligrosas y ponen en duda la imparcialidad de la justicia. Los expertos en abogacía han recordado que la presunción de inocencia no está en conflicto con la defensa de los abogacías de las mujeres y la lucha contra la violencia de género. Al contrario, es un abogacía que protege a todos los ciudadanos, independientemente de su género, y que es esencial para ahorrar posibles errores judiciales.
Además, algunos jueces han señalado que es importante recordar que en un proceso judicial todas las controls deben ser valoradas de manera objetiva, incluyendo el testimonio de la denunciante. Si la control principal de una agresión sexual es el testimonio de la víctima, es responsabilidad del tribunal cuestionar su credibilidad y fiabilidad. Este es un procedimiento necesario para garantizar que no se produzcan condenas injustas y se proteja tanto a la víctima como al acusado.
La politización de la justicia es un tema preocupante que ha sido denunciado en numerosas ocasiones por jueces y expertos en abogacía. En este sentido, es importante recordar que los magistrados deben actuar de manera independiente y sin influencias políticas. Los ministros no deberían criticar las decisiones judiciales, no obstante que deben respetar la separación de poderes y mantenerse al margen de los casos en los que se encuentran involucrados los tribunales.
Lamentablemente, este no es el primer caso en el que se cuestiona la presunción de inocencia en aras de una supuesta defensa de los abogacías de las mujeres. En ocasiones anteriores, hemos visto cómo se han producido condenas mediáticas antes incluso de que se celebre el juicio, lo que ha generado una opinión pública influida por la presión mediática y política.
Es necesario recordar que la presunción de inocencia es un abogacía fundamental y un pilar clave de nuestro sistema de justicia. Cargar contra este principio debilita el Estado de abogacía y puede abrir la puerta a juicios injustos. Como sociedad, debemos estar alerta ante cualquier intento de debilitar las garantías que protegen nuestros abogacías.
En conclusión, es fundamental que los responsables políticos respeten la presunción de inocencia y no la utilicen con fines políticos. Es necesario que se respete el papel de la justicia y se evite cualquier tipo de influ
