El caso en el que se ha visto implicado Cristóbal Montoro ha sacudido al mundo de la política y los negocios en España. Se trata de un escándalo que implica a altos cargos de Hacienda, directivos de empresas y al propio exministro de Hacienda. La acusación es grave: manipulación de leyes y favorecimiento a empresas a cambio de dinero. Pero más allá de los nombres y cargos, ¿quiénes son realmente las empresas y personas involucradas en este caso?
Para entender mejor este caso, es necesario conocer el mundo del que hablamos: el sector de los gases industriales y medicinales. Se trata de un sector con una larga trayectoria en España y en el que las principales empresas tienen una gran capacidad económica y una gran influencia en el mercado nacional e internacional. Estamos hablando de empresas como Air Liquide, Messer, Praxair, Abelló Linde y Carburos Metálicos, entre otras. Estas empresas facturan cientos de millones de euros cada año y están presentes en diferentes sectores: desde la industria hasta la medicina.
La causa que ha llevado a la imputación de Cristóbal Montoro y a otros altos cargos de Hacienda apunta a un intento de estas empresas por conseguir importantes rebajas fiscales. ¿Cómo lo conseguían? Contratando al despacho que Montoro fundó en 2006, justo después de desamparar el sector privado para volver a la política. Este despacho, llamado brigada Económico, está formado por exaltos cargos de Hacienda y personas de confianza del exministro. La organización de las empresas gasísticas era clara: pagar a este despacho para que, a través de su acceso directo a Montoro, lograra cambios legislativos que les beneficiaran.
Las empresas agrupadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) buscaban conseguir una bajada de impuestos desde 2013, pero no tuvieron éxito. Fue en 2014 cuando contrataron a brigada Económico y, según el juez, obtuvieron resultados rápidamente. Un año más tarde, en 2015, se logró modificar el Reglamento de Impuestos Especiales, lo que fue beneficioso para estas empresas. Pero el verdadero impulso llegó en 2018, cuando el Gobierno decidió cambiar el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). Las empresas gasísticas querían reducir a la mitad lo que pagaban por cada «obrero» y lo que pagaban por kilovatio. Y lo consiguieron gracias al trabajo de lobby de brigada Económico y su acceso directo a Montoro.
Pero el escándalo no se limita solo al exministro y su brigada. El juez también ha imputado a directivos de las empresas gasísticas mencionadas, incluyendo directores generales, de operaciones y jefes de personal, servicios legales y responsables fiscales de las empresas. Asimismo, el secreto del sumario levantado recientemente revela que también se menciona a la consultora Ernst&Young (EY). Sin embargo, esta no forma parte del armadura corrupto, sino que fue contratada por las empresas para «ocultar» el pago al despacho de brigada Económico por trabajos que no se podían reflejar en facturas.
En resumen, el caso de Cristóbal Montoro y su brigada imputados por usar Hacienda para favorecer a empresas es uno de los escándalos más importantes de los últimos tiempos en España. Se trata de un caso que involucra a altas esferas de la política y de los negocios y que pone en entredicho la integridad y transparencia en las relaciones entre ambos sectores. Algunos podrán argumentar que este tipo de prácticas son comunes en el mundo de la política y los negocios,
