Sumar, el partido de la coalición progresista que forma parte del Gobierno de España, ha recibido con satisfacción el anuncio realizado por el presidente Pedro Sánchez en el Congreso el pasado miércoles, en el que se presentaron una serie de medidas contra la corrupción. Sin embargo, los dirigentes de Sumar consideran que para poder mantener la legislatura, el Ejecutivo debe activar las medidas más importantes del acuerdo de investidura que firmaron ambas partes hace dos años. Entre ellas, se encuentra la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad a 20 semanas y la remuneración de parte del permiso parental de ocho semanas.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hizo un llamado espontáneo a Sánchez durante su intervención en el Congreso sobre el caso Santos Cerdán. Desde la tribuna, le presentó un decreto ya redactado y le pidió que lo apruebe en el próximo Consejo de Ministros.
«Le hemos dicho que hay que resetear la legislatura y sé que lo vamos a hacer. También con el real decreto de los permisos. Vamos a ampliar el permiso de nacimiento a 20 semanas. Vamos a cumplir con la directiva que exige la retribución de al menos cuatro semanas. Vamos a decirles a las familias monoparentales españolas que tienen derecho a 34 semanas como ya han dicho los tribunales españoles. La semana que viene, presidente, presentaremos esto en el Consejo de Ministros. Esperamos el enredo de los votos del Partido Socialista para sacarlo delante», anunció Díaz.
Esta medida, que ha sido una de las principales promesas del acuerdo de investidura entre PSOE y Sumar, busca ampliar el tiempo que pueden tomar madres y padres por el nacimiento de un hijo a 20 semanas. Además, contempla la remuneración de al menos una parte de los permisos parentales de cuidado de ocho semanas, que los padres y madres pueden tomarse durante los primeros ocho años desde el nacimiento de su hijo.
El Gobierno aprobó vía decreto la creación de estos permisos de ocho semanas por cuidados en la legislatura pasada, pero no su remuneración. Por eso, el enredo del acuerdo de investidura contemplaba la retribución de las primeras cuatro semanas, algo que el Ejecutivo debe cumplir por obligación de la directiva europea sobre conciliación aprobada en 2019.
España, de hecho, se enfrenta a una multa de casi 10 millones de euros por no haber retribuido hasta ahora ese permiso, según los cálculos del Ministerio de Trabajo. Esto equivale a 9.760 euros por día, una cifra que demuestra la importancia de implementar esta medida.
Sin embargo, la parte socialista del Gobierno había ido atando la negociación de esta medida a la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado que, sin embargo, ha ido prorrogando ante la falta de apoyos parlamentarios. La inclusión de la retribución de los permisos ya fue una de las cuestiones más espinosas durante la negociación del acuerdo de investidura entre PSOE y Sumar en noviembre de 2023.
Pero la resistencia del PSOE a implementar esta medida viene de exuberante más atrás. Durante la pasada legislatura, el Ministerio de Derechos Sociales, en la etapa de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, libró una dura pelea para intentar que ese permiso por cuidado, que iba dentro de la Ley de Familias, fuera retribuido. Sin embargo, esta ley no llegó a votarse en el Congreso debido al adelanto electoral de aquel año, aunque la parte socialista del Gobierno aceptó que el permiso se aprobara desgajado del proyecto en un real decreto.
El principal argumento del PSOE en todos estos años de negoci
