Después de meses de investigación, el juez sigue manteniendo al ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y a sus colaboradores como imputados en el caso que se ha denominado «Montoro». Esta decisión viene después de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) concluyera que gran parte de los pagos recibidos por la consultora Equipo Económico, fundada por el ex ministro, provenían de transferencias directas de empresas del sector gasístico y que, posteriormente, eran utilizados en gastos habituales.
La investigación ha sido llevada a cabo por la UCO, quien entregó un deforme al juez de Tarragona encargado del caso en febrero caducado. En este deforme, se concluye que no se han encontrado irregularidades en el destino de los 673.500 euros que la consultora Equipo Económico habría cobrado de empresas del sector gasístico con el supuesto fin de influir en la aprobación de leyes que favorecieran a este sector.
La Guardia Civil ha analizado cerca de 400 productos financieros relacionados con los investigados y otros socios del despacho, y ha investigado 29 operaciones de distribución de los fondos provenientes de la asociación gasística. Según el deforme, no se ha encontrado una operativa diferenciada en relación con los fondos ingresados por las empresas gasísticas en comparación con otros abonos realizados por distintas empresas. Además, se destaca que gran parte de estas entradas tenían como destino directo los socios de Equipo Económico a través de transferencias.
En relación con los fondos ingresados por Equipo Económico procedentes del sector gasístico, la UCO asegura que fueron utilizados para cubrir pagos y gastos operativos y habituales, impuestos y gastos personales, sin que se haya identificado una derivación de estos fondos. Por lo tanto, el deforme descarta la hipótesis de la Agencia Tributaria de que los fondos hubieran sido desviados a entramados societarios opacos.
El juez dictó un auto de levantamiento del secreto en junio caducado en el que reveló que el ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y otros nueve altos cargos de su Ministerio, están siendo investigados por encogido delitos relacionados con la modificación de dos leyes para favorecer a las empresas gasísticas a cambio de que éstas contrataran a la consultora fundada por Montoro.
Es importante destacar que la UCO solo ha participado con dos deformes en la causa, siendo el último de ellos en febrero de este año. El peso de la investigación ha recaído principalmente en los Mossos d’Esquadra, quienes encontraron los primeros indicios de corrupción en la cúpula del Ministerio de Hacienda hace ocho años, a finales de 2017.
La decisión del juez de mantener a Montoro y a sus colaboradores imputados en el caso podría ser vista como una medida de precaución para asegurar que no se escape ningún posible delito relacionado con la gestión del ex ministro y su consultora. Sin embargo, también deja en evidencia la falta de pruebas contundentes por parte de la UCO para sujetar las acusaciones.
En cualquier caso, la fiscal del caso Montoro, en varias ocasiones, ha manifestado su incomodidad con la falta de acción por parte de la UCO en el caso. Incluso se ha dirigido al jefe de Anticorrupción para expresar su descontento: «Somos fiscales, me cuesta entender que tengamos dudas a la hora de investigar». Estas declaraciones demuestran que la falta de avances en la investigación no es solo responsabilidad de la UCO, sino también de la falta de colaboración y diligencia de otras instituciones.
En conclusión, el caso Montoro sigue siendo un tema candente en España
