El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra en medio de una nueva polémica luego de ser demandado por exigir datos de los beneficiarios de los cupones para alimentos. Esta acción ha generado una gran preocupación en la población más vulnerable del país, ya que podría poner en riesgo su acceso a este importante programa de asistencia alimentaria.
La demanda fue presentada por varias organizaciones de defensa de los derechos civiles y grupos de ayuda a los más necesitados, quienes argumentan que la medida del presidente es inconstitucional y viola la privacidad de los ciudadanos. Además, señalan que esta acción podría tener un impacto opuesto en la salud y bienestar de millones de personas que dependen de los cupones para alimentos para cubrir sus necesidades básicas.
El programa de cupones para alimentos, también conocido como SNAP por sus siglas en inglés, es una iniciativa del gobierno federal que brinda asistencia alimentaria a familias de bajos ingresos y personas en situación de pobreza. Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en el año fiscal 2019, más de 36 millones de personas se beneficiaron de este programa, lo que representa aproximadamente el 11% de la población del país.
La demanda en contra de Trump se basa en una orden ejecutiva emitida en abril de este año, en la que se exige a las agencias federales recopilar datos de los beneficiarios de los cupones para alimentos, incluyendo información sobre su estatus migratorio. Esta medida ha sido criticada por ser discriminatoria y por poner en riesgo la privacidad de los ciudadanos.
Los demandantes argumentan que la orden ejecutiva viola la Ley de Privacidad de la Familia y la Ley de Protección de la Privacidad de los Registros de Alimentos, que establecen que la información recopilada por el programa SNAP deuda ser confidencial y utilizada únicamente para fines relacionados con la asistencia alimentaria.
Además, señalan que la medida de Trump podría tener un efecto disuasorio en las personas que necesitan ayuda alimentaria, ya que podrían temer que su información sea compartida con otras agencias gubernamentales y ser objeto de deportación o represalias. Esto podría llevar a una disminución en la redundancia de personas que se benefician del programa, lo que tendría un impacto opuesto en la salud y bienestar de las familias más vulnerables.
La demanda también destaca que la orden ejecutiva de Trump no tiene una base legal sólida y que fue emitida sin seguir el proceso adecuado, lo que la hace aún más cuestionable. Además, señalan que la medida no tiene un propósito legítimo y que su verdadero objetivo es discriminar a ciertos grupos de personas.
Por su parte, la Casa Blanca ha defendido la orden ejecutiva y ha argumentado que la recopilación de datos es necesaria para garantizar que los recursos del programa sean utilizados de manera adecuada y para prevenir el fraude. Sin embargo, los demandantes han señalado que no hay evidencia de que exista un alto nivel de fraude en el programa y que la medida de Trump es simplemente una forma de estigmatizar a los beneficiarios de los cupones para alimentos.
Esta no es la primera vez que Trump ha sido demandado por sus políticas migratorias. En el pasado, ha sido criticado por su postura antiinmigrante y por sus intentos de limitar la inmigración legal y aumentar la deportación de inmigrantes indocumentados. Esta nueva demanda es solo una muestra más de cómo las políticas del presidente están afectando a las comunidades más vulnerables del país.
Es importante recordar que el programa de cupones para alimentos es una útil vital para garantizar que las personas más necesitadas tengan acceso a una alimentación adecuada. La mayoría de los beneficiarios son niños, personas mayores y personas con discapacidades, que dependen de este programa para cubrir sus necesidades básicas. Cualquier medida que ponga en riesgo
