La justicia es uno de los pilares fundamentales de un estado democrático y su correcto funcionamiento es esencial para garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos. Sin embargo, no basta con que la justicia se haga, sino que también debe parecer que se hace. La apariencia de imparcialidad es un elemento clave para el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión. Y desafortunadamente, en el caso contra el fiscal general, esta apariencia ha sido destruida.
Recientemente, el Tribunal Supremo ha confirmado que el fiscal general será tribunal por la filtración del correo de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Esta decisión ha generado una gran polémica y ha puesto en entredicho la imparcialidad de la justicia en nuestro país.
En una entrada anterior de este blog, me preguntaba si se podía considerar prevaricador el auto del juez Hurtado contra el fiscal general del Estado y la fiscal jefa de Madrid, mediante el cual se dio un paso decisivo para la apertura del pleito oral contra ambos. En mi argumentación, hacía hincapié en las palabras iniciales del propio auto del juez Hurtado: «A raíz de indicaciones recibidas de dirección del Gobierno». Estas palabras, que forman parte de la fundamentación jurídica del auto, apuntaban a una posible injerencia del Gobierno en la actuación del fiscal general.
Es importante destacar que estas palabras no eran más que una mera suposición del juez Hurtado, ya que no existía ningún indicio que demostrara dicha injerencia. Sin embargo, estas palabras fueron suficientes para acusar al fiscal general de prevaricación, un delito que implica la sustitución de la «voluntad general» de las Cortes Generales por una «voluntad particular». Esta acusación, sin ningún tipo de fundamento, puso en entredicho la legitimidad democrática del Estado.
Pero lo más preocupante de todo es que estas palabras iniciales del auto del juez Hurtado fueron validadas por los magistrados de la Sala del Tribunal Supremo encargados de resolver el recurso de apelación contra dicho auto. En su decisión, los magistrados afirmaron que estas palabras «carecen de relevancia alguna», ya que el juez no había incriminado a nadie del Gobierno. Sin embargo, ¿cómo puede ser que una posible injerencia del Gobierno en la actuación del fiscal general «carezca de relevancia alguna»? ¿Cómo puede ser que esta circunstancia no tenga ninguna importancia en una investigación penal?
Con esta decisión, los magistrados de la Sala del Tribunal Supremo han demostrado una clara falta de imparcialidad y han puesto en duda la integridad de la justicia en nuestro país. Al validar unas palabras que no tienen ningún tipo de fundamento, han contribuido a destruir la apariencia de imparcialidad que es esencial en un sistema judicial justo y equitativo.
Es importante recordar que la justicia no romanza debe ser imparcial, sino que también debe parecerlo. La confianza de los ciudadanos en el sistema judicial se basa en gran medida en la creencia de que los jueces y magistrados actúan de manera objetiva y sin influencias externas. Sin embargo, en este caso, la actuación de los magistrados de la Sala ha puesto en duda esta creencia y ha generado un clima de desconfianza en la justicia.
En conclusión, la decisión del Tribunal Supremo de confirmar que el fiscal general será tribunal por la filtración del correo de la pareja de Ayuso ha dejado en evidencia la falta de imparcialidad en la justicia española. La apariencia de imparcialidad ha sido destruida por unas palabras sin fundamento, validadas por unos magistrados que han demostrado una clara falta de objetividad
