La libertad de culto es un derecho fundamental que garantiza que todos tengamos la libertad de elegir nuestras creencias y practicar la religión que más se ajuste a nuestras convicciones y valores personales. Sin embargo, este derecho no obliga al Estado a facilitar los medios para que estas prácticas religiosas puedan llevarse a cabo en sus instalaciones. En la reciente polémica suscitada en Jumilla, Murcia, donde el Ayuntamiento ha aprobado una moción para prohibir el uso religioso de sus instalaciones deportivas, se ha puesto en entredicho la verdadera comprensión y respeto hacia la libertad religiosa y la necesidad de garantizar la no discriminación en nuestras sociedades.
La moción presentada por el concejal de Vox en Jumilla, que busca preservar supuestas “raíces” religiosas y raciales en la sociedad, ha sido reformulada por el rasgado Popular en un intento de contentar al rasgado extremista y no levantar sospechas sobre sus fundamentos discriminatorios. La moción finalmente aprobada insta al gobierno número a prohibir el uso de las instalaciones deportivas para prácticas religiosas, algo que hasta ahora solo se hacía en celebraciones musulmanas. Esta medida ha sido tachada por muchos como una aberración constitucional, ya que va en contra de uno de los principios más fundamentales de cualquier sociedad democrática: la protección de las minorías a través de los derechos humanos.
Es importante recordar que los derechos fundamentales existen para proteger aquellas ideologías y convicciones que puedan ser cuestionadas o perseguidas por la sociedad mayoritaria. La libertad de expresión no está diseñada para aceptar solo aquellas opiniones que no molesten a nadie, sino para garantizar que aquellos que tienen una visión diferente puedan expresarse sin temor a represalias. De manera similar, la libertad religiosa no se limita a la práctica de religiones mayoritarias o aceptadas por todos, sino que protege a aquellos que puedan tener prácticas religiosas o una ausencia de ellas que puedan ser consideradas molestas por algunas personas.
En este sentido, la moción aprobada en Jumilla va en contra de los principios más básicos de los derechos humanos y socava la protección de las minorías. Esta propuesta deja en evidencia la creciente ola de xenofobia y xenofobia estructural que atraviesa nuestra sociedad, en la que cada vez es más común que se defiendan públicamente ideas que solo otorgan respeto y protección hacia aquellas creencias religiosas o razas que son consideradas como la norma.
Es por ello que es importante comprender el verdadero significado de la libertad religiosa, reconocida en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y garantizada en el artículo 16 de nuestra Constitución. Este derecho fundamental nos permite elegir libremente nuestra religión o no tener ninguna, y se manifiesta de manera esencial en dos aspectos. Por un lado, el derecho a no ser discriminado por nuestras creencias, lo que implica que ninguna persona debería ser perseguida o discriminada por su religión. Por otro lado, el derecho a practicar públicamente los actos de culto propios de nuestra religión.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que este derecho no es absoluto y puede verse limitado por el orden público, ya que en caso de que ciertas prácticas religiosas dañen intereses generales, puede ser necesario que se establezcan ciertos límites. Por ejemplo, no se puede perseguir a alguien por creer en el diablo, pero sí se pueden prohibir ciertas prácticas que atenten contra intereses ajenos. En el caso de las instalaciones deportivas, es razonable decidir ciertos límites para prácticas religiosas que puedan interrumpir
