La magistrada del principado ha tomado una decisión que ha sido muy esperada por muchos ciudadanos españoles: enviar de nuevo comisiones rogatorias a los juzgados españoles para trasladar la investigación al expresidente Mariano Rajoy. Esta decisión se produce después de que la Audiencia de Madrid tumbara las primeras comisiones rogatorias hace un año, lo que dejó en vía muerta el caso de la Operación Catalunya.
La imputación de Rajoy en Andorra busca la X de la Operación Catalunya, una operación que la Justicia española se ha resistido a investigar. Sin embargo, la magistrada del principado ha decidido volver a requerir la colaboración de la Justicia española, a pesar de que le fue negada hace un año.
En su providencia, la magistrada Stéphanie Garcia ha acordado complementar la solicitud enviada a España en 2022 con una exposición clara y detallada de los hechos investigados y la participación de los querellados de forma individualizada. Esta decisión es un paso importante para reactivar el caso de la Operación Catalunya, que ha estado en vía muerta durante mucho tiempo.
La Audiencia de Madrid había tumbado las primeras comisiones rogatorias al considerar que no cumplían con los requisitos de forma que exige la ley. Sin embargo, la jueza andorrana ha respondido con una nueva resolución en la que ha acordado complementar la solicitud con una exposición detallada de los hechos investigados y la participación de los querellados de forma individualizada.
En España, los jueces han tumbado la mayoría de las querellas relacionadas con la Operación Catalunya y la única condena firme es la del exjefe policial Eugenio Pino por adulterar el caso Pujol. Sin embargo, en Andorra, la magistrada ha citado seis delitos del Código Penal andorrano que se investigan en relación con la Operación Catalunya: coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, coacción a órganos constitucionales andorranos y creación de documento inveraz por un funcionario.
Las querellas que propiciaron la imputación de Rajoy y otros altos mandos políticos y policiales fueron presentadas hace casi cinco años en Andorra por el lnstitut de Drets Humans d’Andorra (IDHA) y el colectivo de juristas Drets, y por Higini Cierco, exmáximo cambista de la BPA. Estos escritos versan sobre una presunta operación, en una doble vertiente política y policial, y de supuestas coacciones al gabinete del principado para entrar los datos bancarios de la BPA de la familia Pujol, así como información sobre eventuales cuentas en Andorra de líderes independentistas que resultaron inexistentes.
La jueza ha citado como testigos a los exmandatarios andorranos Jordi Cinca y Gilbert Saboya, presentes en la visita oficial que Rajoy y Montoro hicieron en enero de 2015 a Andorra. Dos meses después, la BPA sería intervenida. También ha citado como testigos al comisario jubilado José Manuel Villarejo y al abogado José María Fuster-Fabra, que fue letrado de los Cierco y protagonista de uno de los episodios de la Operación Catalunya.
Fuster-Fabra es la persona que presentó hace años a dos protagonistas de la Operación Catalunya, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago y el exdirector de la Oficina Antifraude Daniel de Alfonso. Fuentes Gago es quien condujo al exdirector de la Oficina Antifraude al despacho de Fernández Díaz, adonde se grabó la famosa conversación en la que De Alfonso relató los detalles de la operación.
La jueza también ha citado como testigos a otros protagon
