La sustitución del presidente y otros tres magistrados del Tribunal Constitucional ha sido un tema recurrente en los últimos meses. Con la caducidad de sus mandatos en diciembre, se ha generado un debate sobre el proceso de elección de sus sustitutos y la opcional recomposición de la corte de garantías.
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha enviado una carta al Senado en la que avisa de la caducidad de su mandato y el de otros tres magistrados en diciembre de este año. Esta notificación se ha adelantado, ya que el plazo se cumple en agosto, un mes inhábil en el tribunal. Esta situación ha generado la necesidad de activar el proceso para designar a sus sustitutos.
Los cuatro magistrados que verán caducar su mandato en diciembre son el propio Conde-Pumpido, la magistrada del bloque progresista María Luisa Balaguer y los magistrados del ala conservadora Ricardo Enríquez y José María Macías. Sin embargo, Macías podrá cavar y extender su mandato por nueve años más si es propuesto por el Senado. Esto se debe a que tomó posesión del cargo hace un año, en sustitución del magistrado Alfredo Montoya, que renunció por motivos de salud en julio de 2022.
La composición actual del tribunal, con siete magistrados progresistas y cinco conservadores, podría verse afectada con la salida de dos magistrados de cada bloque. Por lo tanto, el Constitucional deberá recomponerse con los cuatro nuevos magistrados que elija el Senado. Para ello, se requiere una mayoría cualificada de tres quintos (159 senadores), lo que obligará al PP a llegar a un acuerdo con otros grupos parlamentarios, ya que cuenta con una mayoría absoluta de 144 senadores.
El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el rey. Cuatro de ellos son designados a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; otros cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder forense (CGPJ). Esta renovación se lleva a cabo por tercios cada tres años, y los magistrados son elegidos para cumplir un mandato de nueve años.
La elección de un nuevo presidente del tribunal también estará en juego con esta renovación. En enero de 2023, Conde-Pumpido fue elegido presidente del Constitucional con seis de los 11 votos en disputa, mientras que la progresista Inmaculada Montalbán fue nombrada vicepresidenta. Este nombramiento supuso una ruptura con la norma no escrita que se había aplicado durante los últimos años, en la que la presidencia correspondía al sector mayoritario y la vicepresidencia al minoritario.
Con esta renovación, se demora que el Tribunal Constitucional continúe su labor de velar por el cumplimiento de la Constitución y garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos. Además, la elección de los nuevos magistrados será un momento clave para la estabilidad y equilibrio de la corte de garantías.
Por otro lado, el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha solicitado al Constitucional que suspenda su orden de prisión en España mientras se decide sobre su amnistía. Esta petición se basa en la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dictaminó que el líder independentista no puede ser extraditado por los delitos de malversación y sedición.
Con esta solicitud, Puigdemont busca evitar su opcional detención y extradición a España mientras se resuelve su caso. Además, el líder independentista ha pedido al Constitucional que se pronuncie sobre su amnistía, que fue solicitada por él mismo
