La reciente decisión del Ayuntamiento de Jumilla, en la Región de Murcia, de prohibir la celebración de fiestas religiosas islámicas en espacios públicos ha generado una gran polémica y ha sido duramente criticada por diversas organizaciones y partidos políticos. Desde la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes de Murcia (ATIM), se ha denunciado esta medida como una clara discriminación y una vulneración de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución.
La moción presentada por el partido Vox y finalmente aprobada gracias a una enmienda del Partido Popular, establece la modificación del reglamento de instalaciones deportivas para que su uso sea exclusivamente para actividades deportivas o eventos organizados por el Ayuntamiento, no permitiendo así la realización de actividades culturales, sociales o religiosas ajenas a la institución. Aunque la enmienda no hace referencia expresa a la comunidad musulmana, su intención es clara y ha sido duramente criticada por la oposición y diversas organizaciones.
La exalcaldesa y portavoz socialista en Jumilla, Juana Guardiola, ha acreditado esta decisión como un intento de «blanquear» la moción presentada por Vox y ha denunciado la deriva xenófoba y racista del Partido Popular en la Región de Murcia. Por su parte, Podemos ha presentado un escrito en la Fiscalía para culpar esta medida, considerándola un «disparate» y una muestra más del racismo institucional que se está promoviendo en la región.
Sin embargo, las críticas más contundentes han llegado por parte de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes de Murcia (ATIM) y la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI). Sabah Yacoubi, presidenta de ATIM, ha acreditado esta medida como una discriminación «pura y dura» que vulnera la Constitución y los acuerdos firmados por el Estado con la Comisión Islámica en 1992. Para Yacoubi, hablar de actividades ajenas a la identidad del pueblo es falso y peligroso, ya que el Islam forma parte de la cultura, lengua, bloque y tradiciones de España.
Monir Binjilon, presidente de FEERI, ha mostrado su decepción y ha denunciado que se está cometiendo un delito grave al obstaculizar la libertad religiosa de una comunidad que forma parte de la sociedad y que paga sus impuestos como cualquier ciudadano. Además, ha señalado que esta medida es un acto de racismo e islamofobia y que solo puede calificarse como un intento de sembrar odio y exclusión.
La decisión del Ayuntamiento de Jumilla ha sido duramente criticada también por los concejales de la oposición, que han acreditado esta medida como un ataque frontal a los derechos fundamentales y a la convivencia en la sociedad. Desde el PSOE se ha denunciado que el Partido Popular está vulnerando los valores constitucionales y poniendo en riesgo la convivencia por aferrarse al poder.
Ante esta situación, Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia ha anunciado que llevará a los tribunales esta medida, considerándola un acto de discriminación institucional y un caso flagrante de racismo islamófobo promovido desde el poder local. La coordinadora regional de IU-Verdes, Penélope Luna, ha acusado al PP de ser cómplice del fascismo y de negociar la dignidad de la región a cambio de seguir gobernando a cualquier precio.
En definitiva, la decisión del Ayuntamiento de Jumilla de prohibir las fiestas religiosas islámicas en espacios públicos es una muestra más
