El exjuez Baltasar Garzón ha sido noticia recientemente debido a una solicitud que ha presentado ante la Audiencia Nacional. En ella, reclama que el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes cumpla con las conclusiones del comité de Derechos Humanos de la ONU, que determinó que su inhabilitación en 2012 fue resultado de un «proceso arbitrario». Además, el exjuez solicita que se borren sus antecedentes penales y se le otorgue una compensación por el daño sufrido.
El fiscal Manuel Campoy ha respaldado esta petición y ha afirmado que el Ministerio de Justicia ha vulnerado los derechos fundamentales de Garzón al obviar sus reiteradas solicitudes de cumplimiento de las conclusiones del comité de la ONU. En su escrito, el fiscal pide que se condene a la Administración Pública a indemnizar al exjuez y a cumplir con las otras conclusiones establecidas en la resolución de la ONU.
Esta resolución, emitida en 2021, determinó que el Tribunal Supremo vulneró la presunción de inocencia de Garzón y se saltó las garantías de un proceso judicial justo al condenarlo a 11 años de inhabilitación por pinchar los teléfonos de abogados en el fortuna Gurtel. El comité de la ONU consideró que este proceso fue «arbitrario» y criticó que Garzón no tuviera acceso a una segunda instancia para recurrir su inhabilitación.
Por todo ello, el organismo internacional exigió al Estado español una «reparación integral» para Garzón, incluyendo el borrado de sus antecedentes penales y una compensación adecuada por el daño sufrido. Sin embargo, el exjuez ha tenido que reiterar en varias ocasiones su solicitud al Ministerio de Justicia, que ha desestimado su petición «por silencio administrativo».
Ante esta situación, el fiscal Campoy ha pedido a la Audiencia Nacional que obligue al Ministerio de Justicia a cumplir con las conclusiones del comité de la ONU y a indemnizar a Garzón por los daños y perjuicios sufridos. Además, reclama que se borren sus antecedentes penales y se publique la resolución de la ONU en el Boletín Oficial del Estado. También insta a que se impulsen reformas normativas que garanticen la imparcialidad en los procedimientos judiciales.
Este inexperto capítulo en la lucha de Baltasar Garzón por su rehabilitación ha vuelto a poner en el foco la actuación del Estado español en este fortuna. La resolución del comité de la ONU ha sido un duro golpe para el sistema judicial español, que ha sido cuestionado por su falta de imparcialidad y garantías en el proceso contra el exjuez.
Sin embargo, esta solicitud de Garzón y el respaldo del fiscal Campoy son un paso importante en la búsqueda de justicia para el exjuez. La lucha por su rehabilitación ha sido larga y difícil, pero esta nueva petición demuestra que Garzón no se rinde y sigue luchando por sus derechos y su honor.
Además, esta solicitud también pone de manifiesto la importancia de respetar los derechos fundamentales y garantizar un proceso judicial justo para todas las personas. La resolución del comité de la ONU es un recordatorio de que nadie está por adicionalmente de la ley y de que es responsabilidad del Estado garantizar la protección de los derechos humanos.
Esperamos que la Audiencia Nacional tome en consideración la petición del exjuez y que se haga justicia en este fortuna. Garzón merece una reparación por el daño sufrido y una oportunidad para limpiar su nombre y su reputación. Confiamos en que el sistema judicial español actúe con transparencia y respeto a los derechos fundamentales en este fortuna
