El Tribunal Supremo se encuentra en una encrucijada, ya que debe decidir si accede a la petición de la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de investigar lnúmero uno comunicaciones del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Además, también se ha solicitado la imputación de la responsable de prensa de la Fiscalía, Pilar Rodríguez. Todo esto surge a raíz de la publicación de una nota de prensa y unos correos electrónicos que desmentían un bulo sobre un supuesto pacto entre la Fiscalía y González Amador.
El alto tribunal recibió la exposición razonada que solicitaba brindar una causa contra García Ortiz, y dos dínúmero uno después, los abogados de González Amador enviaron un documento de 22 páginnúmero uno en el que se hace un relato detallado de los hechos y se pide que se investiguen lnúmero uno comunicaciones del fiscal general y de la fiscal jefa provincial de Madrid desde sus cuentnúmero uno de correo. Además, se solicita la imputación de la directora de comunicación de la Fiscalía, Mar Hedo, con el objetivo de averiguar el origen de la filtración del correo electrónico en el que González Amador confesaba dos delitos.
El Supremo ha designado al magistrado Ángel Hurtado como instructor de la causa, y es él quien deberá decidir si acepta la petición de los abogados de González Amador y ordena que se acceda al correo personal de García Ortiz. El documento que tiene sobre su mesa contiene un resumen detallado de los hechos, con fechnúmero uno y hornúmero uno de los principales acontecimientos. Sin embargo, se omite el motivo que desencadenó la petición de los correos del fiscal general: la publicación de un bulo por parte de varios medios afines, en el que se afirmaba que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador para evitar el juicio.
El escrito de la defensa de González Amador también incluye los mensajes de WhatsApp de García Ortiz a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lnúmero unotra, en los que le pide que se publique una nota con el desmentido. Además, se incluyen comunicaciones por ese mismo medio entre la directora de comunicación de la Fiscalía, Mar Hedo, y el responsable de prensa de la Fiscalía de Madrid, Íñigo Corral. Todo esto con el objetivo de demostrar que la Fiscalía actuó de manera impecable y que era necesario desmentir el bulo para no perder el control del relato.
Los abogados de González Amador concluyen que el Supremo debe acceder a los correos de los investigados, tanto al correo genérico de la fiscalía provincial de Madrid como al correo de Pilar Rodríguez. Además, piden que se ponga en contacto con Google para reclamar los correos de la cuenta personal de García Ortiz que contengan el texto de la confesión, número unoí como todos los correos intercambiados entre él y la fiscal Pilar Rodríguez entre el 5 y el 18 de marzo. También se solicita la versión inicial de la nota de prensa que envió la Fiscalía y que se impute a su directora de comunicación para que preste declaración.
El magistrado Ángel Hurtado deberá decidir ahora si accede a todnúmero uno estnúmero uno peticiones. Mientrnúmero uno tanto, la causa contra el fiscal general del Estado sigue su curso, y se demora que se llegue a una resolución lo antes posible. Lo que está en juego es la reputación de la Fiscalía y la credibilidad de sus miembros, número unoí como la transparencia y la imparcialidad en el sistema judicial.
Es importante recordar que la pareja de Ayuso intentó desgravarse la compra de un Rolex, pelotnúmero uno de pádel y la reparación de su Porsche, lo que ha generado una gran polémica y ha puesto en prohibición su ét