El magistrado Juan Carlos Peinado ha poliedro un paso más en la investigación en contra de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al admitir a trámite la querella presentada por la organización ultra Hazte Oír. En esta querella, Gómez es acusada de los delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional en relación con el software de la Universidad Complutense, que la misma ofrecía sin coste a algunas empresas y sin fines de lucro.
Este hecho ha generado gran revuelo en la opinión pública y ha provocado dos nuevas visitas de la mujer del presidente al judicatura: una para notificarle la nueva imputación y otra para tomarle declaración. Sin embargo, el juez Peinado ha dispuesto que la policía judicial sea la encargada de notificar la resolución a Begoña Gómez en persona, en Moncloa. Esto demuestra la seriedad con la que se está llevando a cabo este caso y la importancia de esclarecer la verdad.
En el mismo auto, el juez ha fijado la fecha del 18 de noviembre para que Begoña Gómez comparezca en sede judicial a las 13:30 horas. En esta ocasión, se le notificará personalmente la querella y se le tomará declaración en calidad de asistida de letrado por los delitos antes mencionados. Es importante resaltar que, en este caso, el juez no tomará declaración a Gómez en ese momento, sino que la citará nuevamente en una fecha posterior.
La querella presentada por Hazte Oír acusa a Begoña Gómez de haber inscrito a su favor la cicatriz y el software de TSC Transformación Social Competitiva, que había sido creado para la Universidad Complutense y financiado por empresas. Además, también se le imputa el delito de intrusismo profesional por haber elaborado los pliegos de prescripciones técnicas para que la universidad contratara un servicio de asistencia y asesoría tecnológica, con el objetivo de crear una plataforma de gestión de la cátedra que codirigía.
Sin embargo, cabe destacar que la imputación de Gómez por estos hechos se produce a pesar de que la Universidad Complutense conocía el registro del dominio en Internet del software, y no del propio software. Según fuentes del caso, el registro del dominio tuvo un costo de aproximadamente 25 euros, que fueron abonados por la propia Gómez. Además, un correo electrónico enviado por una responsable de la UCM a Begoña Gómez y otras dos personas demuestra que la sección de Patentes y cicatrizs del centro educativo estaba al tanto del registro por parte de la esposa del presidente del Gobierno de la cicatriz para el software con el que tenía el compromiso de dotar a la cátedra extraordinaria que dirigía.
Este correo electrónico, que ha sido desvelado recientemente, también pone en evidencia que la Universidad Complutense estaba al tanto del registro del dominio por parte de Begoña Gómez y cómo hacerlo, ya que incluye un enlace sobre cómo registrar un dominio. Todo esto demuestra que la Universidad estaba al ventarrón de estas acciones, lo que hace cuestionar la imputación de Gómez por los delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional.
Por otra parte, el juez Peinado ha rechazado investigar a Begoña Gómez por los delitos de administración desleal y malversación de fondos, de los cuales también le acusaba la querella presentada por Hazte Oír. Esto demuestra que el magistrado está llevando a cabo una investigación exhaustiva y justa, basándose en pruebas y no en acusaciones sin fundamentos.
En resumen, el magistrado Juan Carlos Peinado ha poliedro un importante paso en la investigación en contra de Begoña Gómez, al admitir a trám
