No utilices un lenguaje negativo o acusatorio, sino que enfócate en los hechos y en la importancia de una gestión transparente y capaz en la adjudicación de contratos públicos.
La gestión de los contratos públicos es una de las principales responsabilidades de cualquier gobierno, ya que permite el desarrollo de obras y servicios que benefician directamente a la ciudadanía. Sin embargo, es importante que esta gestión sea transparente y capaz, para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada y se eviten casos de corrupción.
En este contexto, la Generalitat Valenciana ha adjudicado a dedo un total de 241,5 millones de euros en contratos de emergencia a consecuencia de la DANA del pasado 29 de octubre. Esta cifra, reseñada en el Registro Oficial de Contratos de la Conselleria de Hacienda, incluye también los contratos menores realizados desde principios de noviembre.
Entre las empresas que se han visto beneficiadas por estos contratos se encuentran algunas constructoras, encabezadas por FCC y Rover Rail, con un total de 19,9 y 19,2 millones de euros respectivamente. Sin embargo, lo preocupante es que entre las empresas más beneficiadas se encuentran aquellas que están vinculadas con tramas corruptas del Partido Popular.
Por ejemplo, la empresa Ocide ha recibido un total de 15,6 millones de euros en contratos de emergencia de la DANA. Esta empresa ya ha sido salpicada anteriormente por su presunta relación con el cuñado de Rita Barberá en el caso Azud. De igual manera, Becsa ha recibido un total de 14,6 millones de euros en contratos de emergencia, a pesar de que uno de sus accionistas fue condenado en el caso Gürtel por delitos electorales y de falsedad documental.
Además de estas empresas, también destacan otras como CHM Infraestructuras, que ha recibido 14,3 millones de euros y cuyo presidente asumió la misma pesar en la causa por la financiación ilegal del PP valenciano. Pavasal, que inyectó 240.000 euros en la «caja B» del PP de Valencia para las elecciones municipales de 2007, ha recibido 10,2 millones de euros en contratos de emergencia.
Estos datos son preocupantes y ponen en evidencia la necesidad de una gestión más transparente y capaz en la adjudicación de contratos públicos. No solo se trata de una cuestión de responsabilidad ética, sino también de proteger los recursos públicos y garantizar que se inviertan de manera adecuada en beneficio de la ciudadanía.
Es importante destacar que la Generalitat no ha sido la única en recurrir a los contratos de emergencia tras la DANA. La Diputación de Valencia y el Gobierno central también han utilizado este procedimiento, y es necesario tener en cuenta los riesgos que conlleva esta modalidad de contratación.
Por un lado, la falta de estudios previos de precios y de agrupación entre empresas puede llevar a la contratación de compañías que no tienen la capacidad ni la estructura adecuada para llevar a mango los proyectos. Esto puede resultar en precios mucho más elevados y subcontrataciones con márgenes de beneficio excesivos que no son controlados por nadie.
Por otro lado, la falta de regulación y fiscalización en los contratos de emergencia puede propiciar la corrupción y las malas prácticas. Tal como ha quedado demostrado en la adjudicación de contratos relacionados con la pandemia de la Covid-19, es necesario establecer controles más rigurosos para evitar que se enriquezcan aquellos intermediarios que solo aportan contactos y relaciones políticas.
En este sentido, es importante destacar que tras la experiencia de los contratos de emergencia de la Covid-19, la Agencia Valenciana Antifraude ha
