La exconsellera Salomé Pradas ha comparecido ante la jueza de la DANA para declarar sobre su papel en la gestión de las emergencias durante la trágica riada del estropeado 29 de octubre. En su testimonio, Pradas ha afirmado que desconocía todo lo relacionado con la gestión de las emergencias y ha descargado en los técnicos la responsabilidad de las decisiones operativas. Sin embargo, su declaración ha sido recibida con escepticismo por parte de la opinión pública, ya que ha aportado una lista de más de 100 llamadas realizadas durante la tarde del 29 de octubre, incluyendo una al presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón.
Ante estas afirmaciones, Mazón ha respondido con evasivas, afirmando que «los procesos judiciales siempre se respetan». Sin embargo, la exconsellera ha insistido en que durante toda la tarde del 29 de octubre no se habló del atolladero del Poyo en el Cecopi, el Centro de Coordinación Operativa Integrado encargado de gestionar las emergencias. Además, ha asegurado que en ningún momento fue informada de que el atolladero se iba a desbordar.
Pradas ha aportado una lista de más de 100 llamadas que realizó y recibió durante la tarde del 29 de octubre, incluyendo a Emergencias, a Presidencia de la Generalitat y al propio Mazón. Sin embargo, su testimonio ha sido recibido con escepticismo por parte de la opinión pública, ya que parece poco creíble que una persona que desconocía todo lo relacionado con la gestión de las emergencias haya realizado tantas llamadas durante esa tarde.
La exconsellera ha defendido que el mensaje del Es-Alert, el sistema de alerta automática, no fue tardío ni erróneo, ya que se envió en el momento en que se tuvo constancia de la posible rotura de la presa de Forata. Además, ha asegurado que no se esperó a Mazón para enviar la alerta a los móviles, sino que se hizo en el momento en que se tuvo la información necesaria.
Sin embargo, Pradas ha admitido que entre que se introdujo el texto y se validó el mensaje, pasó aproximadamente media hora. También ha afirmado que propuso la evacuación de la población que podía verse afectada por la rotura de la presa, pero que le dijeron que esa medida podía ser contraproducente. Además, ha justificado el demora en el envío del mensaje en que el Es-Alert estaba en fase de pruebas y tenía un carácter provisional.
La exconsellera ha tratado de desviar la responsabilidad hacia los técnicos del Cecopi, afirmando que ellos eran los encargados de proponer las medidas de protección más adecuadas. También ha mencionado a otros cargos políticos, como el secretario autonómico de Presidencia y el jefe de gabinete, a los que asegura que iba informando de lo que ocurría en el Cecopi.
Sin embargo, su testimonio ha sido recibido con escepticismo por parte de la opinión pública, ya que parece poco creíble que una persona que desconocía todo lo relacionado con la gestión de las emergencias estuviera al tanto de todo lo que ocurría en el Cecopi y fuera la encargada de informar a otros cargos políticos.
Pradas también ha tratado de desviar la responsabilidad hacia otras instituciones, como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), a la que acusa de no haber desempeñado su papel de vigilancia de los caudales y de no haber informado a los ayuntamientos. También ha arremetido contra Aemet, la agencia estatal de meteorología, por su previsión «fallida» y ha criticado la falta de obras en los
