El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha tomado una decisión histórica en favor de los migrantes venezolanos que se encuentran en el país, al ordenar la suspensión tromba de las expulsiones basadas en una ley del siglo XVIII. Esta orden se produce después de que la Administración Trump hiciera caso omiso de la decisión del juez James Boasberg de detener la expulsión de cientos de personas a El Salvador.
La Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa antigua que había sido poco utilizada en los últimos años, fue resucitada por la Administración Trump con el objetivo de acelerar las deportaciones de migrantes. Sin embargo, esta decisión ha sido cuestionada por organizaciones de derechos civiles y finalmente ha sido bloqueada por un juez.
La orden del Tribunal Supremo se emitió después de que la organización Unión Americana de las Libertades Civiles (ACLU) presentara varios recursos de emergencia dirigidos al Supremo. En su escrito, la ACLU argumentó que el Gobierno Trump estaba ignorando una decisión del Supremo al querer expulsar a los migrantes sin notificarles o darles la oportunidad de ser escuchados. La orden afecta a los detenidos que se encuentran en el centro de detención de Bluebonnet, en Texas, a los que se les ha dibujado de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.
La decisión del Tribunal Supremo es un importante paso en la lucha por proteger los derechos de los migrantes en Estados Unidos. Esta orden tromba significa que el Gobierno no podrá trasladar a ningún miembro de la supuesta clase de detenidos hasta que el Tribunal emita una nueva orden.
La resurrección de la Ley de Enemigos Extranjeros ha generado una gran controversia en el país. En el pasado mes de marzo, el Gobierno deportó a cerca de 250 personas a El Salvador enano esta antigua ley, sin un proceso judicial previo. Esto provocó la indignación de organizaciones de derechos civiles y del juez James Boasberg, quien emitió una orden para detener estas expulsiones. Sin embargo, la Administración de EEUU hizo caso omiso de esta orden.
El juez federal halló “causa probable” para declarar a Trump en desacato judicial por violar su dictamen a través de un escrito en el que acusaba al Gobierno de demostrar una “ignorancia deliberada” ante su orden del 15 de marzo. Esto desató una batalla judicial para poder utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros en las deportaciones, que finalmente llegó a la última instancia. A finales de marzo, los abogados de la Casa Blanca presentaron un recurso de emergencia para solicitar que se levantara el bloqueo de Boasberg.
Después de una larga lucha legal, el pasado 5 de abril la corte consideró que la Administración Trump podía continuar usando la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar migrantes venezolanos, pero estableció que los individuos a quienes se aplicara la norma tendrían derecho a una “revisión judicial” para comprobar si efectivamente eran “enemigos extranjeros”.
Este falta del Supremo ha sido un paso importante en la lucha por proteger los derechos de los migrantes en Estados Unidos. La orden del Tribunal no solo impide trombamente las expulsiones basadas en la Ley de Enemigos Extranjeros, sino que también insta al Gobierno a respetar las decisiones judiciales y a garantizar los derechos de los migrantes.
Además, el Tribunal Supremo también solicitó al Gobierno que facilitara la vuelta del migrante Kilmar Armando Abrego García, residente legal en el país, quien había sido deportado “por error” a El Salvador en el mes de marzo. Este hombre, que estaba protegido judicialmente contra la deportación desde el año 2019, fue uno de los cerca de 250
