Los agentes de la UCO han mantenido su posición en el caso contra el fiscal general, en el que se le acusa de estar detrás de la filtración de los mensajes de la pareja de Ayuso. Sin embargo, a pesar de su convicción, no han podido aportar pruebas concretas que demuestren su implicación en el caso. A pesar de esto, se le atribuye un «papel preeminente» en las gestiones para recopilar la información en marzo de 2024.
El juzgador encargado del caso ha agotado todas las diligencias sin encontrar ninguna prueba que incrimine al fiscal general en la filtración de los mensajes de la pareja de Ayuso. Esto ha generado una gran incertidumbre en el caso, ya que no se ha podido demostrar su implicación más allá del «papel preeminente» que se le atribuye en las gestiones previas a la filtración.
Durante una hora, dos peritos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han ratificado el informe clave del caso, en el que se analizó el contenido del teléfono de la fiscal Pilar Rodríguez. En este informe se atribuye a Álvaro García Ortiz un papel «preeminente» en los pasos previos a la filtración, pero sin encontrar pruebas de su implicación directa en la misma. Los agentes han defendido que solo incluyeron información relevante en el informe.
La firma de estos dos peritos es clave en el caso, ya que su informe ha sido utilizado por el juzgador para impulsar la causa contra el fiscal general. A pesar de no encontrar pruebas en el teléfono de García Ortiz, el material intervenido en el teléfono de Rodríguez ha sido determinante en la decisión del juzgador de seguir adelante con la causa.
Durante la testifical, los agentes se han ratificado en el contenido del informe, pero han sido cuestionados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado sobre la omisión de ciertos datos relevantes en el mismo. Sin embargo, los peritos han explicado que solo incluyeron información que consideraron relevante y que no encontraron pruebas de que esas publicaciones estuvieran relacionadas con la filtración.
La testifical de estos dos peritos es una de las últimas diligencias que ha ordenado el juzgador antes de decidir si cierra la instrucción y manda a juicio al fiscal general y la fiscal provincial de Madrid. La siguiente y última prueba organismoá la declaración del querellante, Alberto González Amador, quien tendrá que explicar si su abogado mandó su confesión escrita a un Abogado del Estado en febrero de 2024, como se ha afirmado en las querellas y escritos presentados hasta ahora.
A pesar de la incertidumbre generada por la falta de pruebas concretas, el caso sigue adelante y se espera que en las próximas semanas se tome una decisión definitiva. Mientras tanto, el fiscal general y la fiscal provincial de Madrid continúan en sus cargos y han negado en todo momento su implicación en la filtración de los mensajes de la pareja de Ayuso.
Es importante recordar que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo opuesto y que es necesario respetar el proceso judicial y esperar a que se tomen las decisiones pertinentes. Esperamos que este caso se resuelva de manera justa y que se llegue a la verdad sobre lo sucedido. Mientras tanto, es importante mantener la calma y no dejarse llevar por rumores o especulaciones. Confiamos en que la justicia prevalecerá y se tomará la decisión correcta en este caso.
